El Gobierno busca impulsar la creación de un fondo nacional para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya vigencia seria hasta la cancelación total de los pagos al organismo, pero desde distintos sectores advierten que se trata en realidad de la creación de un nuevo impuesto similar a un blanqueo.

Así lo explica en diálogo con Prevenciondelavado.com el contador tributarista Santiago Sáenz Valiente y socio fundador del estudio Santiago Sáenz Valiente y Asociados, quien señala que esta propuesta que busca transparentar y cobrar impuestos "sobre bienes ocultos que pueden corresponder a rentas evadidas por actividad en Argentina o ser ganancias acumuladas obtenidas directamente en el exterior". 

El experto opina que se trata de "un proyecto que resulta un disparate absoluto por donde se lo mire" y para ilustrar su punto observa varias distorsiones y puntos que califica como "inaceptables y hasta confiscatorios" en la iniciativa. 

Y es, según advierte, los porcentuales fijados del 20%, 35% o 50% para gravar los bienes no declarados "resultan exorbitantes y los plazos establecidos para subir de manera escalonada las alícuotas previstas, son términos de tiempo que no resultan suficientes para la decisión de inversión posterior con ese dinero blanqueado".

Asimismo, critica el hecho de que se pretende que las normas de valuación de bienes para personas jurídicas lo disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y denuncia que "así se infringe el principio de legalidad de los tributos". ¿Por qué? Sucede que, según explica, la ley debe establecer los elementos que componen el tributo, base imponible, alícuota y valuación de los bienes involucrados.

Otro de los puntos que menciona como preocupantes es que se otorgarían poderes especiales al Poder Ejecutivo, con presunciones que exceden su intromisión en el funcionamiento de una ley, lo que "amenaza la seguridad jurídica".

Por otro lado, advierte que el proyecto contiene una distorsión de la tasa porcentual efectiva porque estipula la obligación de abonar el tributo en moneda extranjera directamente remitida a la cuenta especial. "Esto es una distorsión si se tiene en cuenta el alto nivel de diferencia de precio entre la cotización oficial del dólar y aquellos que se pagan en otras plazas por la divisa estadounidense", sostiene.

Además, Sáenz Valiente critica que este blanqueo pretende suspender la prescripción -plazo para ser reclamada una deuda- en forma indefinida hasta la resolución de determinación del impuesto y considera que esto es "inaceptable ya que atenta contra la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes".

Pero ese no es el único problema legal que tiene la iniciativa según el tributarista, ya que advierte que "quienes ingresen el aporte estarán obligados a allanarse en forma incondicional, desistir de todo reclamo administrativo e incluso no podrán reclamar nunca la devolución de este impuesto aun cuando se considere luego inconstitucional".

Así, Sáenz Valiente señala que, en caso de apelarse este impuesto al Tribunal Fiscal de la Nación, se modificaría su efecto y deberá abonarse para ejercer el derecho de defensa, lo que, según su visión es un cambio legal con ribetes inconstitucionales.

Nota completa click en https://www.prevenciondelavado.com/portal/vsr/jump.aspx?nm_origen=Home&nm_accion=LinkDoc&link=C128751