Este tema de los derechos de exportación parece no tener fin.

La reciente disputa de funcionarios sobre un pretendido aumento, nos obliga a destacar los efectos perniciosos para la economía.

No es una retención, es un impuesto y de los peores, por los siguientes motivos:

1-Ilegalidad constante: Toda carga fiscal debe surgir de una norma legal sancionada por el Congreso. Están prohibidos los decretos en materia impositiva aun con delegación expresa al Poder Ejecutivo. Las causas judiciales lo están demostrando, entre ellas Camaronera Patagónica , Sociedad Rural Argentina.

2-Recaudación que alimenta ingresos fuera de las jurisdicciones productoras: Se supone que somos un país Federal, eso en lo formal, en lo real no.

Este impuesto a la producción se aplica a los productos agropecuarios de todas las jurisdicciones de nuestro país. La Constitución Nacional (CN) dispone que su producido incremente las arcas del Gobierno Nacional. Las provincias ven mermado la distribución de ingresos que les llega, amen de reducirse la base del impuesto a las ganancias y del IVA, principales impuestos coparticipables.

3-La inequidad es manifiesta: Exigir cualquier gravamen en forma directa sobre el precio de un bien, con independencia de la capacidad de contribuir, resulta contrario a la base de la proporcionalidad que manda la CN. Los rindes de los obligados son diferentes, las técnicas de producción pueden generar mayor o menor costo, la distancia a los puertos influye sensiblemente, los restantes gastos son dispares, en su suma su rentabilidad es distinta. Las situaciones de emergencia con cosechas magras, marcan la inequidad de manera absoluta.

4-El perjuicio del productor frente a sus vecinos: En Uruguay, Paraguay, Brasil, los ingresos que obtiene quien produce le implica recibir divisas efectivas – billetes – y además sin la amputación de estas mal llamadas retenciones. Su rentabilidad es diametralmente distinta por esos las inversiones huyen de la Argentina.

5-Rentabilidad ínfima respecto de su cotización internacional: La liquidación al productor se concreta con el dólar oficial, habiendo una brecha inaceptable superior al 80% con el dólar billete. El exportador le resta el derecho de exportación. Luego vienen los gastos de producción , comerciales y de administración. Así se llega a una “ ganancia “ distorsionada, a lo que se agrega el incremento de cotización de sus existencias. El impuesto a las ganancias con un 35%, los ingresos brutos, pagos a cuenta y adelantos de todo tipo. Costos fiscales por efectos tremendos de saldos a favor del IVA, carga sobre el patrimonio, inmobiliario, y otros, pulverizan definitivamente la renta final. Ante una inflación galopante, el único argumento hoy en boga es el latiguillo del desacople de los precios internos , cuestión no probada en la práctica.

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