El principal afectado es el consumidor final, de eso no caben dudas, en especial los sectores más vulnerables que utilizan el total de su ingreso monetario para la adquisición de alimentos y vestimenta. Nada queda para ahorrar.

Es un tributo regresivo.La coparticipación con las provincias es un hecho destacable, y por tanto una reducción de alícuota afectaría en forma directa al conjunto de las jurisdicciones. La recaudación que se logra depende del PBI, con lo cual los ingresos fiscales logrados deben protegerse, buscando soluciones alternativas al problema planteado.

La venta de productos alimenticios en Argentina está gravadas- casi en su totalidad- a la tasa general del 21%. El IVA se impuso en nuestro país en 1975 con una tasa única del 13%, pasando prontamente al 16%, luego el 18%, alcanzando el porcentual actual del 21%. Mucha agua ha corrido bajo el puente.El impuesto debería ser neutro para los agentes económicos que intervienen en la cadena agropecuaria, industrial o comercial, pero en los hechos está demostrado que de inocuo nada tiene. Por cuestiones técnicas del tributo, inflación, retrasos de cobranzas, y en especial ante una reducción de alícuota, la distorsión en el resultado de estas empresas es indiscutible.

Hay que buscar una pronta solución, los consumidores finales ven incrementados los precios de los bienes y la propuesta actual más divulgada es reducir el porcentual a la carne porcina y el pollo. No resulta el camino adecuado. Requiere, una reforma legal para evitar perjuicios a productores, carnicerías y a quienes vendan esos productos.

Estas empresas acumulan saldos a su favor por diferencias entre las tasas de insumos y gastos respecto del producto final vendido, que incluso permanecen a su valor nominal afectados por la inflación. Adicionalmente, el fisco apoyado en causas judiciales, impide renunciar a ese crédito por considerarse en suspenso y no definitivo, es decir, ni aun se admite considerarlo como perdida ante una evidente imposibilidad de utilización con ese mismo tributo.Una posible solución es permitir convertir esas acreencias fiscales a favor de las empresas, en saldos admisibles de ser compensados con otros tributos, tal como el impuesto a las ganancias, aunque ello reduciría parcialmente los ingresos de las arcas fiscales.

En suma, no hay que subvencionar el producto,- mal método - pues así accederían todos los ciudadanos,- lo necesiten o no -, sería un subsidio general tal como fue la luz, el gas y el transporte, conociendo hoy los efectos finales.Resulta de una urgencia absoluta y vital para los pobres e indigentes, así como también para el gobierno, implementar la tarjeta social. Ella permitiría acceder a sus beneficiarios a la totalidad de los productos alimenticios de la canasta básica con rebajas sustanciales en el precio final de los mismos por el efecto de una reducción en el IVA.