Sáenz Valiente abrió el debate y explicó que el Estado se lleva un promedio del 88 por ciento de la renta total de los productores agrícolas. Cultivos específicos como el maíz tributan hasta el 115 por ciento de la renta total. Una presión fiscal muy asfixiante, que se visualiza con claridad en el impuesto a los Ingresos Brutos, que en muy poco tiempo pasó del 26 al 34 por ciento.En el caso de Ganancias, el mínimo no imponible de los profesionales independientes de la actividad agraria –ingenieros agrónomos, veterinarios, etcétera- es de apenas $ 4000.-, superados los cuáles pasan a tributar, alcanzando con gran facilidad tasas que superan el 35 por ciento y pueden trepar hasta el 41 por ciento sobre la renta real en la liquidación final.Tajante, Hugo Rossi explicó que mediante herramientas como el Registro Fiscal de Operadores de Granos, el fisco creó armas para castigar a quien desee, en el momento que le parezca. Manifestó que si bien es optativa la inscripción al mismo, quien no la cumplimente es tratado como un paria, se lo aparta de las operaciones, se lo somete a retenciones abusivas, y como contrapartida tampoco se le concede nada. “Lo peor es que inscribirse en el registro fiscal tarda no menos de cinco meses, los requisitos son imposibles, y ante el más mínimo incumplimiento –incluso de forma- se suspende la cuenta, y, aun peor, el mismísimo CUIT del titular”, aporta Gabriel Larrabe, coautor del tomo. Lo que subyace al fondo de tanta burocracia estatal y de retenciones que superan el 80 por ciento del producto, es una incentivación indirecta a la producción de granos en negro, que se vuelve una tentación para muchos debido a sus zozobras en el nivel financiero. Para Lucio González Bonorino, la evasión es el peor de los males, y hay que combatirla. Afirmó Rossi: “Hay que crear una estructura tributaria sana. Hoy por suerte se aplica un criterio de razonabilidad, que impera a nivel global”.Por ejemplo, no es razonable fijar en varios municipios una tasa para el control de plagas, que dicho gravamen se cobre al contribuyente, y que después no se hagan las acciones comprometidas para superar el problema. No sólo es necesario cumplir con las prestaciones que se comprometen con los impuestos que se cobran, sino también un ejercicio de control para verificar que se realizan correctamente. El sistema tributario contiene una serie interminable de desajustes. Muchos de ellos nacieron debido a las inconsistencias entre la Constitución Nacional reformada en 1994 y la Ley de Coparticipación vigente, que data de 1988 y aun espera ser actualizada. Del 54 por ciento de coparticipación de impuestos que deben recibir las provincias, el Estado Nacional sólo gira a ellas del 26 al 28 por ciento, y esto siempre y cuando sean afines al gobierno.En la provincia de Buenos Aires específicamente, el llamado impuesto Inmobiliario Multipropietario es un instrumento que permite múltiples abusos, e implica una doble imposición –impuesto inmobiliario más adicional multipropietario- que deja en desventaja al contribuyente.Frente a tanto caos fiscal, los autores decidieron llevar su material de cátedra a una edición accesible para todo público. El libroLa publicación nació inspirada en el curso de posgrado que los autores dan en la Universidad Católica Argentina (UCA), y está dirigida a empresarios del campo, con un claro objetivo de lograr “que el productor adquiera conceptos impositivos y legales básicos, y comprenda la esencia de los tributos y sus consecuencias, para tomar las mejores decisiones junto a su administrador, su contador y su abogado”, según explicaron los especialistas.Con esta idea, el libro recorre los temas fundamentales de los impuestos para el campo, con un lenguaje coloquial, sin referencias a normas, leyes ni fallos judiciales. Los autores destacan la facilidad de lectura del texto, para brindar herramientas sencillas a personas no técnicas en materia impositiva, y ajenas a la terminología profesional. Entre los temas de “Los impuestos del campo, en criollo”, se destacan: los principios constitucionales que rigen los impuestos; los principales tributos Nacionales (Ganancias, IVA, Impuestos a la Exportación –las mal llamadas “retenciones”-, Impuesto al Débito y al Crédito, etc.); los provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos, e Impuesto a la Herencia); los pagos a cuenta, como el impuesto al gas oil; y una referencia a las principales tasas municipales. También se explican algunas herramientas de la administración cotidiana de la empresa agropecuaria, como el impacto impositivo de los diferentes contratos agrarios (agrícolas, ganaderos, de tambo y de integración con la agroindustria); el régimen de emergencia agropecuaria; la reorganización de empresas libre de impuestos; ¿cómo leer un balance? Pero el mensaje más poderoso del texto apunta a crear en el lector la conciencia de que es un sujeto de derechos, que debe obligarse a ejercerlos. “Algunos productores en el último año se animaron a reclamar enérgicamente por los atrasos en devoluciones de IVA, y enseguida consiguieron una respuesta a su reclamo. Pero antes, debieron ponerse los pantalones y reclamar”, explicó Rossi.