Si el Gobierno no actualiza este año el esquema del impuesto a las ganancias para evitar nuevas distorsiones causadas por la inflación -o sea, si ocurre lo mismo que en 2014-, por ese solo motivo muchos trabajadores alcanzados por el gravamen podrían perder hasta el equivalente a un salario mensual adicional.

Ése sería el monto que se sumaría en determinados casos a la carga fiscal ya sufrida el año pasado, aun cuando el ingreso gravado del empleado sea durante este año igual o inferior en cuanto a su poder de compra.

De esta manera, de haber una recomposición salarial con la intención de compensar la inflación, el Estado se llevaría una parte tal que, en términos reales, el ingreso anual terminaría disminuyendo hasta 8%.

Las conclusiones surgen de un informe elaborado por el Ieral, sobre la base de la proyección de que este año habría un incremento promedio de los precios de 30% y aumentos salariales de igual magnitud.

Un hecho que agrava el panorama es que, por efecto del decreto 1242 que Cristina Kirchner firmó en 2013, cada vez hay más casos de asalariados exentos que llevan a sus bolsillos mayor cantidad de dinero que lo cobrado por otros que sí están gravados, lo cual implica un contrasentido para un impuesto concebido para que tributen quienes más ganan.

El efecto citado en el primer párrafo es el que tendría un salario que, en 2014, promedió los $ 21.000 brutos mensuales, según el mencionado informe. Un empleado soltero con ese ingreso tuvo una carga fiscal equivalente a 9,1% de su remuneración durante el año pasado. Ya entonces sufrió un fuerte incremento respecto de 2013, cuando sobre un sueldo de igual poder adquisitivo, Ganancias había representado un 6,1 por ciento. Este año, si ese trabajador alcanzara un ingreso de $ 27.300 mensuales (tras un ajuste de 30%, igual que la inflación proyectada en la hipótesis), entonces el Estado se llevaría en total el 16,5%, o sea, lo producido en alrededor de dos meses de trabajo.

Para salarios más elevados, el efecto sería algo inferior porque ya en 2014 estuvieron alcanzados por las alícuotas más altas, según el informe, pero de todas maneras habría una suba significativa de la carga. Por ejemplo, un empleado casado y con dos hijos a cargo que tuvo un sueldo promedio de $ 30.000 y un descuento equivalente al 12,6% en 2014, pagaría este año, con un sueldo de $ 39.000, un 17,4 por ciento. En 2013, con igual poder adquisitivo, la presión había sido de 6,7 por ciento.

El estudio advierte que, aun cuando se elevaran los parámetros de Ganancias un 24% (la inflación informada por el Indec para 2014), la presión sobre salarios subiría. En este supuesto, en el primer ejemplo pasaría de 9,1 a 11,9% y, en el segundo, de 12,6 a 15,1% sobre la remuneración.

En todos los casos, las tasas efectivas del impuesto (que no son las alícuotas formales, integradas por montos fijos y porcentajes, sino el porcentaje descontado) resultan sumamente superiores a las que existían, para salarios de similar poder adquisitivo, a fines de los 90 y principios de la década pasada. El alza de la presión tuvo especial fuerza en 2014, cuando se conjugó la tasa más elevada de inflación de los últimos años -38,5% según consultoras privadas- con la falta de ajustes en Ganancias.

Hoy están retrasados tanto los montos que definen qué parte de los salarios de quienes tributan quedan exentos como los topes de ingresos que tiene cada escalón que integra una tabla de alícuotas progresivas.

Con esta situación, si se quisiera preservar el poder adquisitivo luego del descuento del impuesto a las ganancias, los sindicatos de sectores con alta incidencia de trabajadores que pagan el impuesto deberían reclamar ajustes de 40%.

El trabajo grafica cómo el impacto negativo en muchos bolsillos tiene su contraparte en una mayor recaudación fiscal, beneficiada con una suba de la presión impositiva que ocurre sin discusión legislativa (algo que se requiere cuando se suben impuestos). En 2014 los salarios cayeron, en promedio, 5,8% en su valor real, pero la recaudación del impuesto corregida por inflación creció 5 por ciento.

LÍMITES DISTORSIVOS           

A partir del citado decreto de 2013, hoy están liberados del impuesto quienes entre enero y agosto de ese año cobraron no más de $ 15.000 mensuales, sin importar lo que haya ocurrido después. De los trabajadores que desde entonces ingresaron en el mercado laboral, también quedan al margen quienes en el primer mes tienen un sueldo declarado inferior a esa cifra (sin importar la evolución posterior).

Eso provocó situaciones como la siguiente: un trabajador sin cargas de familia que en 2013 tuvo un sueldo mensual promedio de $ 13.591 y que en 2014 recibió una suba de 40% (un porcentaje similar a la inflación, para hacer un ejercicio de comparación de ingresos con igual poder de compra) no tributó en ninguno de los dos años, y en 2014 logró llevar a su bolsillo $ 205.010; otro trabajador que dos años atrás cobraba $ 15.021 y que el año pasado recibió el mismo aumento salarial, pagó por Ganancias 6,1% de su sueldo bruto en 2013 y 9,1% en 2014 (ese año sólo se lo eximió sobre la segunda parte del aguinaldo); el resultado es que, en mano, el año pasado recibió menos ($ 201.747) que el empleado del primer ejemplo.

Situaciones de mayor inequidad fiscal se dan cuando quienes quedaron exentos percibieron subas superiores a las de empleados gravados, ya sea por la diferencia entre convenios, un cambio de trabajo o un ascenso dentro de la empresa.