Las próximas elecciones del 2015 vienen pronto, y no se conocen voces con propuestas para resolver nuestra estructura tributaria.

La Argentina tiene la presión impositiva más alta del mundo con un 36% sobre el PBI, sin servicios acordes y un déficit fiscal inaudito.

Impuestos distorsivos por donde se los mire, dañan la economía y la recaudación.

La elevada inflación reinante, es ignorada en la determinación de los impuestos, impidiendo la actualización de quebrantos y de pagos anticipados. Los adelantos impositivos permanentes, exceden la obligación final.

La carga administrativa trasladada a los responsables y contribuyentes, supera cualquier parámetro vigente en otras latitudes y está alejada de la razonabilidad también necesaria en esta dimensión.

En suma, hay una gran cantidad de situaciones que impiden llamar ‘Sistema TributarioÂ’ al actual popurrí de tributos, cuya esencia de cada uno lejos está de cumplir los principios constitucionales básicos.

Se puede lograr una recaudación suficiente para afrontar con creces los gastos públicos, e impulsar el crecimiento del país, con una estructura tributaria organizada, sana y que respete los principios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad, y razonabilidad.

La seguridad jurídica y su tributación equilibrada, produce un incremento directo de los negocios y en consecuencia de los ingresos a las arcas fiscales.

Claro está que debe combatirse la evasión, la cual disminuirá en forma proporcional al cumplimiento de las premisas mencionadas. Cuanto menor sea el premio por evitar el pago de impuestos, mayor será el cumplimiento. Va de suyo que la voluntariedad en el pago, muy difícil es lograrla, aunque una educación tributaria a toda la población ayudaría ampliamente en este sentido.

Es indispensable también respetar en forma permanente los derechos de los contribuyentes. Un ejemplo básico es devolver al acreedor de forma ágil, lisa y llana, por los saldos a su favor, con una retribución justa por el uso de ese dinero.

Los impuestos distorsivos deben eliminarse o al menos modificarse de inmediato.

Los derechos de exportación, verdaderos impuestos a la producción, reconocidos por la CSJ, se aplican sobre los ingresos sin contemplar los costos asociados, lo cual genera una inequidad manifiesta. Se omite contemplar la capacidad contributiva que es la razón para la existencia de un impuesto. La recaudación es para la Nación, ello reconocido por la Constitución Nacional, y así se detrae riqueza de las provincias que la generan y se reducen bases de impuestos coparticipables. El daño generado a la economía es profundo y preocupante.

El impuesto a las ganancias –pilar fundamental– contiene grietas graves, al exigirse sobre rentas ficticias e inexistentes, cuyo perjuicio afecta a personas y empresas. Este tributo merece cambios estructurales.

El IVA neutro en su concepción para los agentes de la cadena económica–, lejos está de cumplir esa premisa en los hechos. La alícuota reducida para los productos del agro produce acumulación de créditos de difícil o imposible absorción, sin permitirse siquiera cargar como perdida. La vigencia del cuestionado Registro Fiscal de Operadores de Granos produce saldos a favor del contribuyente que debe acceder a la justicia para reclamar lo que le pertenece.

Urge un cambio profundo en la mayoría de los impuestos actualmente vigentes en nuestro país, y a ello debe prestarse la debida atención por parte de quienes pretenden hacerse cargo del futuro gobierno.