Crece la presión desde el oficialismo nacional y provincial y desde los empresarios contra la tasa vial que cobran once municipios bonaerenses alineados con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, además de Vicente López (PRO).

Se trata de una contribución que se aplica sobre el precio final de venta del combustible y cuya recaudación se destina a obras viales. Pero desde las estaciones de servicio denuncian que lleva al sector al quebranto al espantar clientes hacia otros distritos, en pos de esquivar naftas y GNC encarecidos.

En el marco de su discurso del pasado miércoles en el acto por el 160º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cristina de Kirchner cuestionó a "algunos dirigentes" que hablan de impuestos y que "dirigen jurisdicciones donde se han puesto impuestos hasta a los pañales desechables". "Éste es el único Gobierno que no ha creado ningún impuesto; sí algunas provincias o gobiernos municipales han creado impuestos o tasas que le quitan competitividad a la economía, así que vayan a reclamar eso a otra ventanilla, no la del Gobierno nacional", disparó, en velada alusión a Massa y a un lote de intendentes que sintoniza con el FR.

La advertencia tuvo en las últimas horas una traducción en el Congreso nacional, de la mano de la presentación de un proyecto de ley de los diputados kirchneristas Diana Conti y Jorge Rivas en el que expresan el rechazo a la tasa, que representa -afirman- "el quebrantamiento de los principios constitucionales de capacidad contributiva, equidad e igualdad ante las cargas públicas", así como los de "legalidad", "razonabilidad" y "propiedad privada".

En la actualidad, cobran esa tasa en tierra bonaerense los municipios massistas de San Miguel, Pilar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Olavarría, San Fernando, Merlo, San Isidro, San Martín, Junín y Tigre, además de Vicente López (PRO).

"La aplicación de la tasa vial en los distritos massistas es inconstitucional porque los municipios no pueden establecer impuestos", enfatizó en las últimas horas el subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Gobierno de Daniel Scioli, Francisco Cafiero.Pero la experiencia se replica además en otros puntos del país, como en la provincia de Córdoba (rige desde 2012) y en la capital de La Rioja. 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, en cambio, su cobro fue frenado por el máximo tribunal provincial.Asimismo, otros gobernadores e intendentes apuestan a aplicar la herramienta. Por esa senda transita por caso el mandatario de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, aunque la iniciativa genera rechazos.Frente a este escenario, los empresarios del sector ya trasladaron su queja al plano judicial,como en el caso jujeño.En esa línea, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA)llevó a juicio al municipio de Olavarría por aplicar la polémica tasa.

A fines de abril, la Corte bonaerense aceptó tratar el pedido de inconstitucionalidad de esa contribución, que se cobra sobre el precio de las naftas y el GNC."Se están fundiendo las estaciones de servicio de los distritos que tienen la tasa vial porque la gente se va a cargar a los distritos que no la tienen", advirtió la titular de FECRA, Rosario Sica, 

En este contexto, ayer el presidente de la Unión de Expendedores de Naftas y Afines de la Provincia de Buenos Aires, Luis Malchiodi, enfatizó que la tasa es "ilegítima e inconstitucional". "Altera el mercado. El cliente que carga 2.000 litros de gasoil no carga en esos distritos, se abastece en el que no tiene ningún tipo de gravamen", graficó, y recordó que "la plata que se recauda va a los municipios".