Hace unos días participe, invitado por el diputado Lucio Azpiazu, de un panel que analizó, en una comisión de la Cámara de Diputados, la carga tributaria que soporta el sector agropecuario, junto a Juan Pedro Merbilhaa y Ricardo Negri (h).En este contexto, la declaración que expresó Merbilhaa sin duda preocupa.

“Nunca vi, como en los últimos años, una cantidad similar de producción de leyes e impuestos inconstitucionales como estamos viendo ahora”, aseguró.Por mi parte, esencialmente, relate los principales impuestos que están afectando fuertemente la rentabilidad de los productores, y alimentan la recaudación en todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).

Ante la necesidad urgente de realizar cambios a la estructura tributaria actual, considero a las críticas realizadas como constructivas.Los derechos de exportación deben ser mencionados siempre como lo que verdaderamente son: “impuestos a la exportación”, con serios perjuicios al no contemplar costo alguno del productor.

El impuesto a las ganancias está distorsionado. La suspensión del ajuste por inflación es el principal motivo, ya que exige el pago sobre una renta inexistente.El IVA es un impuesto que debería ser neutro sobre los agentes económicos, pero sus consecuencias son nefastas. En primer lugar porque la producción agropecuaria, ante la tasa reducida (10,5%), genera saldos a favor del contribuyente que solo pueden utilizarse contra el propio impuesto.

El segundo problema está en el Registro Fiscal de Operadores de Granos. Es obligatorio y de carácter sancionatorio, pero las retenciones a cuenta producen saldos favorables por pagos indirectos que superan la obligación fiscal. El atraso actual en la devolución del fisco, además, quita el capital de trabajo al productor.También genera mucha preocupación el impuesto a los bienes personales.

El fisco, en base a interpretaciones propias, grava la tierra rural que la ley declara expresamente exenta. Su tasa máxima del 1,25% y su falta de progresividad absoluta genera fuertes distorsiones.La carga del impuesto inmobiliario, encima, está potenciada por el cuestionado impuesto multipropietario. Y el impuesto sobre los ingresos brutos arremete contra las ventas de hacienda y cereales, cuya distorsión y acumulación es cada vez mayor atento el incremento de las alícuotas.

Entre los principios afectados por el esquema actual está la capacidad de contribuir, que debería ser la esencia para diseñar impuestos. La renta gravada debe ser real y existir disponibilidad económica y financiera.El principio de equidad surge de la constitución nacional y se quiebra en varias ocasiones. Suspensión del ajuste por inflación, vigencia del Registro Fiscal de Operadores de Granos, son solo algunos ejemplos.

La falta de progresividad en el impuesto a las ganancias torna inequitativo este tributo, pues la tabla de determinación del impuesto para las personas físicas, se mantiene con los mismos valores hace más de 12 años. La confiscatoriedad global es manifiesta afectando el derecho de propiedad.Entre las propuestas de cambio para comenzar a revertir la situación están: reducir sensiblemente los porcentuales de los impuestos a la exportación.

Disponer la actualización automática de mínimos, topes y tabla de determinación del impuesto a las ganancias. Reemplazar el impuesto sobre los bienes personales, y reducir su alícuota. Permitir el pago a cuenta total del impuesto al cheque. Habilitar el uso de los denominados saldos de libre disponibilidad para compensar cualquier impuesto del contribuyente, inclusive los aportes patronales.

Con estos cambios propuestos podremos entonces conseguir un mejor clima de negocios, lograr un desarrollo económico potenciado y equilibrar también los ingresos fiscales totales.