Aplicar un impuesto a la renta financiera no es la solución, claro está, pero ello impulsó la discusión para intercambiar opiniones sobre la temática.

Los impuestos son un instrumento indispensable de política económica y deben afectar lo menos posible a la actividad privada. A su vez el destino de lo recaudado debe satisfacer necesidades básicas de la población.

Nuestro país debe incrementar su actividad empresarial, con más riqueza y nuevos puestos de trabajo y para ello es esencial realizar cambios profundos en materia impositiva. Los conflictos en los impuestos vigentes son manifiestos.

El impuesto a las ganancias siendo el más justo de los impuestos está bajo la lupa de un cuestionamiento, motivado en su falta de adecuación por la desvalorización de la moneda desde el año 1992 a la fecha. Una nueva vuelta de rosca a las distorsiones y su desnaturalización lo ha dado el Decreto 1242/13. Gravar ganancias por incremento de precios de los bienes habiendo suspendido el ajuste por inflación impositivo es, cuanto menos distorsivo, irrazonable, ausente de equidad y alejado de la realidad económica.

Los impuestos deben exigirse en tanto exista capacidad de contribuir de los sujetos, sean sociedades o personas físicas. La situación actual incursiona en el terreno de lo inconstitucional al pretender hacerlo sobre rentas nominales, ficticias e inexistentes. La riqueza debe medirse correctamente. La razonabilidad además es un principio acuñado por la Corte Suprema de Justicia que tampoco se cumple actualmente.

La distorsión se continúa produciendo en el trabajador dependiente a pesar de los últimos intentos de equidad, y al autónomo se castiga al no ser equivalentes las deducciones. Por su parte la tabla determinativa del impuesto utilizable para ambos, no registra la desvalorización monetaria de los últimos 12 años, se ha perdido progresividad que resulta indispensable para que los impuestos sean equitativos.